Por: Juan Pérez
Con la aprobación de la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, los contribuyentes vieron la esperanza de poner al día sus obligaciones fiscales, acogiéndose a los plazos de la ley, con beneficios de reducción de un treinta por ciento (30%) de la deuda y eliminación de recargos y mora, con la condición de pagar en el plazo previsto en la ley, que es hasta el 13 de julio/2021, el cual vence en cinco (05) días, lo que le favoreció a algunos que pudieron cumplir.
Mientras, se está creando un verdadero drama en las empresas que no han podido desarrollar sus planes de producción y tampoco cumplir con los pagos acordados con la DGII, a causa de los diferentes horarios que han impuesto por los improvisados toques de queda y los constantes aumentos en los costos de producción, generando pérdidas cuantiosas a diversos sectores de la vida productiva nacional.
En estos momentos, muchas empresas corren el riesgo de perderlo todo, ya que pueden ser víctimas de embargos de todos sus activos y cuentas bancarias.
Si el gobierno no toma en cuenta esta situación y busca una solución a la mayor brevedad posible, podríamos ser testigos de una cadena de quiebras de negocios sin precedentes.
Lo recomendable es, solicitarle al poder ejecutivo que instruya a la DGII para que conceda una prórroga de seis (06) meses a las empresas que se encuentren en esta situación.